Murió el delincuente linchado tras un robo en barrio Azcuénaga

David Moreyra, de 18 años, estaba internado desde el sábado, cuando asaltó una chica y fue rodeado y golpeado por vecinos en Marcos Paz y Liniers. Había perdido masa encefálica. Su familia donó los órganos.



El joven ladrón que el sábado a la tarde recibió una feroz golpiza tras protagonizar un robo en Marcos Paz y Liniers (Mendoza al 5500) murió anoche en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez tras varios días de agonía.

El fallecido fue identificado como David Moreyra, de 18 años. Había quedado internado en el Heca tras ser linchado en barrio Azcuénaga por un supuesto grupo de vecinos tras asaltar a una chica de 21 años que tenía un bebé en brazos.

Había llegado al lugar en una moto de 125cc junto a un cómplice que logró escapar. Según testigos, el conductor de una camioneta los impactó o encerró tras el robo y cayeron al piso. Así quedaron expuestos a la justicia por mano propia.

Moreyra había recibido varios golpes en la cabeza que le produjeron un grave traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica. Ahora murió y su familia resolvió donar los órganos.

El martes, el fiscal Florentino Malaponte advirtió que los involucrados en la golpiza podrían quedar imputados por homicidio simple. Hasta el momento no fueron identificados.

Confirman procesamiento de preso que planeaba matar a un juez

Es César Treves, uno de los dos reclusos señalados por diseñaba un plan para asesinar al juez Vienna y el fiscal Camporini. La Cámara de Apelaciones ratificó un fallo que lo ubica como partícipe de un asesinato homicidio en 2012.



La sala tercera de la Cámara de Apelación de lo Penal confirmó el procesamiento de César Arón "Ojudo" Treves, de 31 años, como partícipe primario en el homicidio de Gustavo Serra, un hombre baleado en noviembre de 2012 en una playa estacionamiento de Maipú al 800, luego de una disputa en el interior de un boliche de la zona.

Treves, actualmente preso en la cárcel de Coronda, es uno de los dos hombre señalados como quienes planeaban atentar contra la vida del juez Juan Carlos Vienna, del fiscal Guillermo Camporini y del policía Luis Quevertoque.

Ahora, la Sala III de la Cámara, compuesta por los jueces Guillermo Llaudet Maza, Georgina Elena Depetris y Otto Crippa García, confirmó el fallo de primera instancia de la titular del juzgado Instrucción de la 1ª Nominación, Roxana Bernardelli.

La jueza había dictado el procesamiento de Treves al acusarlo de haber conducido el vehículo Chevrolet Astra rojo en el cual huyó de la playa de estacionamiento el autor material del crimen de Serra, quien todavía  no fue identificado, después de las 9.30 de la mañana del 24 de noviemrbe de 2002.

Aquél dia, a la víctima le dispararon cuatro veces en la espalda con balas calibre 40.

Buscan declarar emergencia en seguridad en Puerto San Martín

Concejales presentaron un proyecto de ordenanza para declarar en Puerto San Martín la “emergencia de seguridad ciudadana por 180 días”. Qué implica la emergencia.



Un grupo de concejales de Puerto San Martín, encabezado por el histórico edil Jorge Ru, presentó el jueves el proyecto que declara la emergencia de seguridad en la ciudad. “La inseguridad nos preocupa a todos. Es un fenómeno que está enquistado en toda la Provincia, pero en Puerto ha sido muy importante”, señaló Ru

“Se han robado tres autos a punta de pistola, se multiplican los robos a mano armada. El delito pasó a ser moneda corriente”, continuó el edil y aseguró: “.”Tenemos que hacer además un trabajo serio de prevención y rehabilitación de drogadicción. En Puerto, lamentablemente, el grado de adicción es muy alto”.

La emergencia le daría al Ejecutivo herramientas para gestionar ayudas especiales en la provincia, así como también implica la posibilidad de contratar a seis policías adicionales para la ciudad. El proyecto también prevé “que se apure el uso de las cámaras de seguridad”, dijo Ru y sumó: “Y por último abre puertas para combinar el trabajo local con Salud y Acción Social de la Provincia, para que lleguen planes vinculados a la drogadicción.”

Pintadas en escuela de Puerto San Martín

En los muros exteriores de la Escuela 328 de Puerto San Martín aparecieron grafittis vinculados al Hezbollah y consignas relacionadas a la inseguridad.



En total son 13 las pintadas y todas tienen como consigna principal la defensa del Hezbollah, organización islamista libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar y que fue fundado en el Líbano en 1982 como respuesta a la intervención israelí.

Las pintadas tienen además claros mensajes sobre la inseguridad y piden, entre otras cosas, “cortar la mano del que roba y la lengua del que insulta”.

Desde la escuela señalaron a este medio: “Las pintadas aparecieron la semana pasada, las tomamos como cualquier otra grafitti; pero no descartamos hacer una denuncia al respecto”, dijo Sandra Brusa, directora de la institución.

El massimo presentó un proyecto de ley para regular los piquetes

Lo hizo en la Cámara baja a través del diputado Darío Giustozzi. Pretenden que se establezcan “lugares específicos para ejercer el derecho a peticionar”, que haya que pedir autorización previamente y sanciones como trabajos comunutarios o multas económicas por incumplimientos.



El Frente Renovador, que impulsa a Sergio Massa a la presidencia en 2015, presentó un proyecto de ley para regular los piquetes. Lo hizo a través del jefe del bloque en la Cámara de Diputados, Darío Giustozzi, quien explicó que “tienen que existir lugares específicos para ejercer el derecho a peticionar”.

El legislador explicó que proponen “que haya que pedir autorización para hacerlo y brindar horarios para cortes de tránsito, así la gente sabe y busca lugares alternativos para circular”.

La iniciativa del Frente Renovador llega tiempo después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llevara el tema al Congreso, en la apertura de las sesiones ordinarias. De hecho, fue uno de los tramos más aplaudidos del discurso de la presidenta.

Ahora, el grupo opositor señala que los municipios y comunas deben designar tres o cuatro espacios “visibles” para quienes quieran ejercer su derecho a protestar.

Al estar reguladas e incluir una autoridad de aplicación, habrá sanciones por incumplimientos. “Los manifestantes pueden estar identificados, por lo que se los podrá sancionar con trabajos comunitarios o multas”, detalló el diputado nacional.

Giustozzi argumentó aseguró que hay un “vacío legal” y que “no existe una ley así”. Según sostuvo, “eso hace que muchas veces todo se termine judicializando”.

Pese a un fallo laboral, sigue el paro en Fray Luis Beltrán

Pese a un fallo desfavorable del Ministerio de Trabajo provincial, el Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram) de San Lorenzo resolvió sostener el paro por tiempo indeterminado en reclamo por la reincorporación de diez trabajadores contratados.



Pese a un fallo desfavorable del Ministerio de Trabajo provincial, el Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram) de San Lorenzo resolvió sostener el paro por tiempo indeterminado en reclamo por la reincorporación de diez trabajadores contratados transitoriamente por el municipio de Fray Luis Beltrán. Además, el gremio convocó a una marcha frente al Palacio Municipal entre miércoles y jueves próximos.

Luego de escuchar a las partes y analizar el cuadro de situación del conflicto en las audiencias del viernes 14 y lunes 17 de marzo, el departamento de Patrocinios, Apremios y Dictámenes del Ministerio de Trabajo determinó la legitimidad de la posición fijada por el municipio de no retomar a los trabajadores porque "simplemente se terminaron contratos transitorios acordados por 23 días", explicó la intendenta beltranense Liliana Canut.

El dictamen ratifica "la validez de la documentación agregada y el accionar del Ejecutivo, de acuerdo con la reciente declaración del Consejo Federal de Trabajo de la República Argentina". En relación al no acatamiento de Sitram San Lorenzo a la resolución ministerial advierte sobre "la absoluta legitimidad en la aplicación de las sanciones previstas cuando los actores del conflicto incumplan las obligaciones y alcances de los institutos mencionados".

En relación a los diez trabajadores contratados para tareas específicas cuyas vinculaciones con la Municipalidad se extendieron desde el 5 al 28 de febrero pasado, el Ministerio de Trabajo desestimó el pedido de reincorporación de Sitram San Lorenzo porque "los actos contractuales en cuestión no encuadran a la fecha dentro del convenio colectivo laboral previsto por la ley 9.286/83 (Estatuto y Escalafón para el Personal Municipal de la provincia de Santa Fe), especialmente en virtud de tener su carácter temporario por tiempo determinado no mayor a un mes con tareas específicas".

Advertencias. "La Dirección Provincial de Relaciones Laborales, ante esta flagrante postura de Sitram San Lorenzo, ratifica la ejecución del artículo 14 de la ley 10.468, por lo que las partes involucradas deberán abstenerse de adoptar y convocar cualquier tipo de medida que impida u obstruya la prestación de tareas, que alteren o agraven la situación original", reza el fallo, y agrega que "el no acatamiento al cese de medidas conlleva un expreso incumplimiento a las decisiones del Organismo Administrativo de Trabajo".

"El Ministerio solicitó a las partes el acatamiento legal para evitar la profundización del conflicto, y permitir que los demás empleados municipales no adheridos al paro y afiliados al Sitram Fray Luis Beltrán, puedan ejercer el derecho constitucional al trabajo, sin sufrir aprietes ni agresiones por el lado del sindicato que encabeza el secretario general Edgardo Quiroga", advirtieron desde el municipio.

"Las escuchas representaban algo serio en el contexto de lo que está ocurriendo en Santa Fe"

Julio de Olazábal, fiscal general de Santa Fe, se refirió a las escuchas que revelaron un plan de dos presos para asesinar al fiscal y al juez de la causa de Los Monos.



En el marco de las escuchas entre dos presos que permitieron detectar un plan para asesinar al juez Juan Carlos Vienna y al fiscal Guillermo Camporini, el fiscal general de Santa Fe Julio de Olazábal dio detalles del procedimiento y dijo que, en el contexto de la causa, las comunicaciones interceptadas "representaban algo serio".

El fiscal general repasó el procedimiento de las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez federal Carlos Vera Barros, quien al advertir la gravedad de las escuchas se las remitió al propio de Olazábal, quien a su vez dio curso de inmediato a la justicia rosarina.

En este sentido, contó que expertos analizaron las comunicaciones entre Germán Almirón (policía detenido en jefatura acusado de favorecer la fuga de Juan Domingo Ramírez, lugarteniente de Los Monos) y Aarón Treves (preso en Coronda por su participación en un homicidio y apresado con dos kilos de droga). Y que entonces "vimos que estábamos ante algo serio en el contexto de lo que está ocurriendo en Santa Fe".

"Cuando uno contextualiza que ya había habido un atentado contra el gobernador de la provincia y que el ministro de Seguridad recibió varias amenazas había que otorgarle alguna relevancia", señaló de Olazábal.

Para el fiscal general de Santa Fe, "frente a un hecho con tales antecedentes no se puede descuidar ningún tipo de arista". Y sostuvo que a su juicio "se está actuando correctamente".

Consultado por los dichos del fiscal Aníbal Vescovo, quien sostuvo que "la difusión de las escuchas no fue lo más conveniente para la investigación", de Olazábal dijo que existe una tensión "entre el interés de la población y los medios en informar, y el interés de los investigadores de guardar la mayor reserva posible para que no se frustren estos planes".

"Entiendo al fiscal Vescovo que dice que (la difusión de las escuchas) lo obligó a variar su estrategia, pero también hay que pensar que había que resguardar a las víctimas", agregó de Olazábal.