Nuevas investigaciones revelan las conexiones de efectivos o ex integrantes de la fuerza provincial involucrados en la protección a vendedores de droga. Los detenidos la semana pasada fueron indagados por el juez Bailaque.
El Hormiga estaba preocupado y no dudó. Le dijeron, con nombre y apellido, que un efectivo policial tenía intenciones de "voltearlo" y le fue a tocar la puerta para "arreglar". Por alarde o realidad, mencionó que tenía acuerdos con casi todas las fuerzas para que tanto él como su banda pudieran moverse tranquilos. Y habló tanto que sus conversaciones telefónicas sirvieron para desbaratar al grupo que le adjudican como líder y, de paso, a los agentes y ex agentes que le brindaban protección a cambio de dinero, que eran cinco.
Es que los años pasan y en las investigaciones provinciales y federales vuelven a surgir una y otra vez efectivos que amparan a bandas, particularmente vinculadas al tráfico de drogas. Pasó con el ex jefe Hugo Tognoli, con los involucrados en la causa por asociación ilícita contra Los Monos, o en causas menos resonantes pero que grafican el día a día, como la de la los jerárquicos de la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez. Y la de Julio C., de 62 años y conocido como La Hormiga, no fue la excepción.
En aquéllos contactos, el supuesto cabecilla mencionó acuerdos con todas las fuerzas y divisiones habidas y por haber, menos con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Transcurría el 2014 y la Justicia federal le asignó entonces la investigación a esa fuerza, que ya estaba detrás de un punto de venta.
El Hormiga fue detenido finalmente la semana pasada en el marco de 15 allanamientos realizados por la PSA. Junto a él cayó otro civil, cuatro policías y uno ya retirado. Son Cristian F. y Martín M. (estaban en disponibilidad), Héctor S. (a punto de pasar a retiro), Carlos M. (retirado) y Jorge V., quien actualmente estaba en la subcomisaría 14° de Coronel Domínguez. Tres de ellos fueron integrantes de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (DGPCA), algunos de Inteligencia. De los cinco, uno de ellos quedó involucrado por una irregularidad con armas, pero no por vínculos con el narcotráfico.
En ese recorrido se encontraron además con conexiones más estrechas. "Queríamos comprobar el respaldo de la policía hacia los puntos de venta y eso se pudo determinar con las escuchas telefónicas", confió una fuente de la investigación. Uno de los efectivos que brindaban protección resultó ser ex yerno del Hormiga.
Particularmente, a Jorge V. le secuestraron balanzas de precisión y una camioneta 4x4 Volkswagen Amarok, modelo 2013, que está a nombre de Diego Cuello, el hombre absuelto en la causa conocida como la "narcochacra de Alvear" y actualmente detenido y procesado en una causa por drogas junto con miembros de Los Monos. El efectivo trabajó en la ex Drogas Peligrosas provincial; su relación con Julio C. lo llevó a visitarlo varias veces a la casa.
No todos los efectivos policiales tenían contacto entre sí, sino más bien eran dispersos y se apoyaban en sus lazos en distintas unidades. Lo que resta definir es si actuaban por su cuenta o si la protección o información a cambio de dinero era más estrucutural. "Tuvimos que apresurar los allanamientos porque uno de ellos empezó a sospechar que lo estaban investigando", contó una fuente con acceso a la causa.
Entre los últimos informes que presentó Seguridad Aeroportuaria en la Justicia Federal, señalaron que era poco probable secuestrar grandes cantidades de estupefacientes por el modus operandi de la banda: se proveían con otros vendedores de 10 o 15 dosis y las comercializaban. Una vez agotadas, volvían a buscar. Por eso, la clave de la investigación fue apuntar a la connivencia policial. "Ese amparo se pudo probar", aseguran.
No es un dato menor: el primer indicio de la causa fue una presentación de un jefe policial de la fuerza provincial. Y es una clara muestra de cómo la propia policía combate también a quienes se involucran con el delito.
Ahora, los imputados (un total de 7 entre policías y civiles) están detenidos desde la semana pasada a partir de las actuaciones de la Fiscalía Federal N°1 de Rosario, a cargo de Santiago Marquevich. Ya fueron indagados por el juez Marcelo Bailaque y permanecen privados de su libertad, al menos hasta que se resuelva su situación procesal. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad analiza los casos de los efectivos para avanzar con los procesos de destitución.
