El abogado que representa como querellante a Antonio Bonfatti en la causa por el atentado que el gobernador sufrió en su domicilio en octubre de 2013 apelará la decisión judicial que otorgó prisión domiciliaria a los dos procesados por ese hecho. A la vez, el gobierno provincial cuestionó en fuertes términos la decisión de la jueza Alejandra Rodenas, a la que valora de inoportuna e inconveniente. Los fiscales del caso también protestarán la decisión de la magistrada.
"Es una medida totalmente inoportuna. La jueza no pondera la gravedad institucional de un acontecimiento como este: acribillaron a balazos la casa del gobernador de la provincia, lo que es un hecho de enorme magnitud, a nuestro criterio el más grave desde la recuperación democrática al menos en la provincia", dijo una alta fuente del gabinete del Poder Ejecutivo.
A domicilio. Rodenas concedió el miércoles pasado el arresto domiciliario a Emanuel Sandoval y Pablo Espíndola, los dos procesados por la balacera a la casa de Bonfatti. Al primero de ellos, conocido como "Ema Pimpi", se le atribuye la autoría material y el delito de amenazas agravadas por el anonimato y uso y abuso de arma de fuego y daño. A Espíndola, ex oficial de la comisaría 10ª, se lo acusó por la presunta comisión de encubrimiento agravado en calidad de autor. La jueza ordenó controles estrictos de verificación de la presencia de los dos procesados en sus viviendas.
"Nuestra principal objeción es que la peligrosidad procesal de estas dos personas vuelve totalmente inconveniente concederles una prisión domiciliaria. Ambos estuvieron prófugos, lo que habla de la resistencia a ser sometidos a la Justicia, y además tienen capacidad de entorpecer la investigación judicial. Estamos hablando de que el destinatario de esta acción, la víctima, es el gobernador. Como ciudadano no tiene más derechos que otro santafesino pero la relevancia institucional de la figura atacada vuelve importante la aplicación del máximo rigor de la ley en cada tramo del trámite", dijeron altas fuentes del Poder Ejecutivo.
Los fiscales que intervienen en este caso, Enrique Paz y Cristina Herrera, también apelarán la decisión de Rodenas. A Sandoval y Espíndola les imputaron el ataque a tiros a la casa de Bonfatti, en Darragueira y Gallo a las 21.15 del 11 de octubre de 2013. Entonces el mandatario y su esposa estaban en la vivienda y milagrosamente no fueron alcanzados por los 16 proyectiles que perforaron ventanas y hasta la puerta de ingreso a la casa, y que fueron disparados por al menos cuatro personas que se movilizaban en dos motos.
Si bien apenas ocurrió el suceso el gobierno provincial dijo que el atentado era el resultado del accionar contra el narcotráfico que lleva adelante la administración Bonfatti, cuando la jueza Rodenas procesó a Ema Pimpi y a Espíndola refirió también a "una disputa territorial" vinculada al control de la comisaría zonal.
A los acusados, la magistrada le atribuyó a Sandoval haber integrado el grupo de personas que en las motos y un auto de apoyo efectuaron "múltiples disparos con arma de fuego de guerra calibres 9 y 11.25 milímetros" contra el domicilio del gobernador. Adjudicó el móvil del ataque a un problema en la seccional 10ª.
Influencias
"Los móviles que habrían animado el accionar de los imputados parecerían diluirse en una serie de hechos específicos y territoriales contra quienes, persuadidos de la gravedad de los hechos acontecidos en la zona con el comisario Ronald Cuñé (ex titular de esa comisaría) y el inspector de zona Bengoechea, inician una tarea vinculada a la erradicación de los episodios de conflicto, a resultas de la cual se sucede el atentado al gobernador en vano intento de sostener influencias en la zona", se expresó en el dictamen judicial.
Por su parte, de acuerdo al auto de procesamiento, el policía Pablo Alejandro Espíndola trabajaba en la comisaría 10ª y tenía estrechos contactos con Ema Pimpi.
El abogado Héctor Superti, representante del gobernador como querellante, apelará entre hoy y mañana la decisión de la jueza.
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