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COMUNA DE TIMBÚES

COMUNA DE TIMBÚES

martes, 29 de julio de 2014

Aseguró que sus hijos nacieron muertos pero investigan supuesto tráfico de bebés.

La mujer de Zavalla que dio a luz días atrás en una casa de familia no presentó certificados de defunción. El presidente comunal reclama indagar si existe un mercado ilegal.



Una mujer de la localidad de Zavalla aseguró que los mellizos que esperaba habían nacido muertos, pero ante la negativa a presentar certificados de defunción surgieron las dudas sobre la posibilidad de un supuesto caso de tráfico de bebés.

"Queremos saber si nacieron muertos, si tienen certificado; o si nacieron vivos, ¿dónde están? Queremos que la Justicia investigue", sostuvo el presidente comunal de Zavalla, José Ignacio Mujica.

La mujer era asistida por personal comunal durante su embarazo, pero habría dado a luz días atrás en una casa de familia, poco antes de la fecha estimada para el parto. Cuando se supo que no había certificados de defunción de los bebés, la Justicia decidió intervenir y ya realizaron allanamientos en el domicilio donde habría tenido a sus hijos y en la casa de un médico.

"Por trascendidos sabemos que la mujer está siendo asesorada. Hay todo un tema que termina siendo bastante groso y termina tal vez desbaratando un mercado de tráfico de bebés, que es lo que creemos que hay de fondo", sostuvo Mujica.

El presidente comunal dijo que también se sienten "engañados", ya que "hay mucha gente que necesita que la comuna mejore sus condiciones de vida y nosotros estábamos haciendo una habitación y un baño para los chicos. Si pasó lo que creemos que pasó, nos sentimos defraudados".

El padre Grassi desviaba donaciones de su fundación al penal.

Así lo reveló un informe del programa que conduce Jorge Lanata. Las maniobras fueron registradas por una cámara oculta. Además se comprobó que el cura cuenta en la cárcel con celulares, televisor, computadora, baño privado y otros privilegios.

El padre Grassi está detenido desde septiembre de 2013.

El padre Julio César Grassi está detenido desde septiembre de 2013 en la Unidad Penitenciaria de Campana por abuso de menores. Este domingo por la noche una investigación en el programa del periodista Jorge Lanata, Periodismo Para Todos (PPT), arrojó que desde la cárcel, el sacerdote desviaba donaciones que iban dirigidos para la Fundación Felices Los Niños al sistema penitenciario para favorecer a presos.

Juan Manuel Casolati, director de la Fundación desde que Grassi fue detenido fue quien percibió y denunció las maniobras que el cura coordinaba desde la propia cárcel.

"Descubrí que entraban muchísimas donaciones a la Fundación y así como entraban se iban a la cárcel", expresó el denunciante.

"Muchas de las donaciones llegan directamente a La Blanquita, la quinta en la que vivía Grassi y que aún sigue alquilando. Desde allí, que es el centro de operaciones, se desvían los donaciones a la cárcel de Campana", aseguró Casolati, quien detalló que “ingresan a la Fundación, retiran de la despensa alimentos y van a la cárcel. En otros casos, el Hogar compra alimentos en algún supermercado o reciben donaciones y van directamente al penal".

Las cámaras en el informe del programa que conduce Jorge Lanata registraron el momento en el que las donaciones salen desde la Fundación y terminan en el servicio penitenciario de Campana. Además, a través de una cámara oculta, se mostraron imágenes de los privilegios que Grassi tiene en el penal.

Según reveló el informe, Grassi cuenta con varios celulares, un televisor en su habitación, una computadora y baño privado.  

Según informó Clarín, la Fundación que Grassi fundó en Hurlingham en los 90, sigue funcionando. Hoy viven ahí 54 chicos de entre 3 y 18 años. Son huérfanos, llegan desde hogares violentos y con graves problemas económicos. Pese a la causa judicial que condenó a Grassi, Felices Los Niños nunca dejó de recibir donaciones.

El ministro de Gobierno desmintió que haya menos gendarmes patrullando en las calles de Rosario.

Rubén Galassi dijo que la fuerza nacional "hoy despliega su accionar en otros puntos de la ciudad, incluido el centro".



El ministro de Gobierno de Santa Fe, Rubén Galassi, desmintió que haya disminuido la cantidad de efectivos de Gendarmería Nacional patrullando las calles de Rosario.
 
"En absoluto. Ayer estuvimos con el gobernador en el acto central por el día de la fuerza en el Destacamento Móvil. Ahí pudimos ver el comando operativo conjunto que se ha armadoí, donde están los monitores y como están despleagadas las fuerzas federales y provinciales", manifestó funcionario.
 
Galassi brindó declaraciones  tras el acto que se realizó en el parque Independencia en el que el gobierno entregó 30 automóviles y 18 camionetas para la policía provincial. 
 
El titular del área de Gobierno fue consultado puntualmente sobre si a más de cuatro meses del desembarco de los efectivos de las fuerzas federales en Rosario disminuyó la presencia en las calles.
 
"Apenas llegaron a Rosario en abril, las fuerzas federales se concentaron en una zona. Hoy desplegan su accionar en otros puntos de la ciudad, incluido en el centro. Al contrario. Lo que se hizo fue abarcar más territorio, no retirar efectivos del trabajo conjunto", agregó Galassi.

Procesaron a dos policías por la escandalosa fuga de un sicario de Los Monos.

La jueza Rodenas acusó a dos agentes de la División Judiciales de la URII de extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público.



La jueza de Instrucción Nº 2 de Rosario, Alejandra Rodenas, dictó los procesamientos de los policías Lucas Germán Almirón y Luis Alberto Quebertoque por la fuga de Juan Domingo Ramírez, presunto sicario de la banda de Los Monos.

La magistrada acusó a Almirón por el delito de extorsión, ya que se sospecha que le exigió a la mujer de Ramírez la entrega de una fuerte suma de dinero para dejarlo salir.

En tanto, en el caso de Luis Quebertoquee, según trascendió, le fue aplicada la figura legal de supuesto incumplimiento de los deberes de funcionarios público por facilitar la huida del delincuente.

Almirón y Quebertocke prestaban servicios en ese entonces dentro de la División Judicial de la Unidad Regional II, uno de los organismos policiales que investigó el accionar de una de las asociaciones ilícitas más grandes de Rosario.

El fallo de Rodenas de carácter preliminar y no implica condena firme. Se trata de un grado de sospecha firme al que arribó la jueza al cabo del período de instrucción. Si esa imputación quedara firme, entonces se inicará un juicio penal contra los policías.

En el caso de Almirón,  la jueza le aplicó prisión preventiva y embargó los bienes.