La norma es producto del consenso alcanzado en la Cámara de Diputados donde se fundieron dos proyectos: uno nacido en el Senado, de Armando Traferri (PJ San Lorenzo), y otro del diputado kirchnerista Eduardo Toniolli.
El senado y la cámara baja sostuvieron el criterio de confiarle las investigaciones penales (sobre todo de los llamados delitos complejos) al instituto que, cuando entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, tendrá a su cargo la acusación. Estos investigadores dependerán del Ministerio Público y no de la Policía Provincial.
Cabe recordar que en Diputados, el proyecto de Toniolli fue enriquecido con otros que presentaron Gerardo Rico (Movimiento Evita), Leandro Busatto (FPV), Avelino Lago (Producción y Trabajo) y Jorge Abello (Encuentro Santafesino).
El futuro organismo de investigaciones dependerá del Fiscal General, cargo que hoy ocupa Julio de Olazabal. Y tendrá competencia sobre los delitos que hagan suponer participación de un grupo organizado; delitos cometidos por funcionarios públicos, por miembros de las fuerzas de seguridad y aquellos que por las características propias o la complejidad de la investigación, el Ministerio Público de la acusación disponga su intervención.
Los integrantes de éste organismo deberán ajustarse a los principios de actuación descriptos en el texto de la ley, y a su organigrama funcional que pone a la cabeza a un director general, designado por el fiscal general, previo concurso público de oposición y antecedentes, acompañado de cinco directores regionales.
La ley dedica un título a la formación profesional de los integrantes y crea en éste sentido el Instituto de Capacitación y Formación. También prevé la creación en el organismo del Departamento de Análisis de Información Delictiva para producir y recolpilar la información generada por el propio cuerpo.
Los legisladores, además, se han reservado en uno de los artículos de la ley mecanismos de control: un observatorio para el seguimiento de éste cuerpo y la obligación para el fiscal general de presentar anualmente ante la asamblea legislativa el informe de gestión del nuevo cuerpo.
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