Después de horas de tensión y caos, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota anunció el fin del autoacuartalemiento policial que liberó las calles de la capital mediterránea, que se convirtieron en un espantoso campo de batalla en el que murió un joven y centenas de personas sufrieron heridas, 110 de ellas de bala, en medio de los saqueos y los enfrentamientos entre delincuentes y vecinos y comerciantes.
Los policías aceptaron la propuesta salarial que les realizó el gobierno provincial, que elevó los sueldos a mínimos de 8 mil y 9 mil pesos según trabajen o no en las calles, en un acuerdo que se demoró por la resistencia de sectores de la fuerza de seguridad, que finalmente depusieron su actitud. El anuncio de De la Sota, que dijo que inmediatamente las fuerzas de seguridad saldrían a la calle a frenar la ola de delitos contra la propiedad privada, se concretó cuando estaban en viaje hacia su provincia los 2 mil gendarmes que según el secretario de Seguridad Sergio Berni envió la Nación, a la que el gobierno cordobés fustigó por su primera respuesta al conflicto: el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo que era un problema de la provincia. Hecho el anuncio del gobernador cordobés, el gobierno nacional desactivó el operativo de envío de fuerzas federales y los agentes de Gendarmería retornaron a Buenos Aires.
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