Un nuevo episodio en torno al polémico conflicto por la concesión del predio comunal que administra el Club Náutico de Puerto Gaboto se inscribió ayer, cuando distintas fuerzas de seguridad desalojaron, por una orden judicial, a personal público apostado en el lugar, y lo restituyó a la comisión directiva de la institución deportiva.
El mandato ya había sido emitido días atrás por el Juzgado Civil y Comercial de la Primera Circunscripción de San Lorenzo, pero no se efectivizó ante la resistencia del propio jefe comunal, Horacio Herrera, y decenas de vecinos y militantes que lo apoyaban en su cometido de "recuperar" el inmueble fiscal ubicado a la vera del río Coronda.
El problema data de julio de este año, cuando autoridades comunales en persona tomaron posesión del predio, argumentando la revocatoria del contrato de concesión otorgado por 20 años a la institución, cuyos dirigentes aseguran que el acuerdo sigue vigente. Estos últimos radicaron entonces denuncias ante la Fiscalía de la Acusación, a la de Estado, a la Secretaría de Municipios y Comunas y al Juzgado Civil y Comercial de San Lorenzo, y fue éste el que tomó cartas en el asunto, ordenando el desalojo y la restitución de las instalaciones al club.
Así, personal de Prefectura Naval se presentó el 18 de octubre último para cumplir el mandato, pero tuvo que desistir ante una fuerte resistencia. En un nuevo operativo, finalmente ayer se efectivizó la disposición de la magistrada.
El procedimiento, realizado por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Santa Fe y otras fuerzas de seguridad de comisarías de la zona, se llevó a cabo a las 7 de la mañana, ante la titular del tribunal sanlorencino, Gladys Silvia López de Pereyra. En el predio había en ese momento dos empleados comunales a los que a los pocos minutos se sumaron algunas mujeres que insultaron a los uniformados. Más tarde se sumaron miembros de la comisión comunal (no estuvo presente su presidente), y promediando las 11, el operativo finalizó sin mayores conflictos y tomaron posesión del lugar los directivos del Club Náutico.
"Se hizo una especie de inventario y encontramos cierto deterioro en distintos bienes y la faltante de una caja de un circuito cerrado de televisión que teníamos, lo cual será restituido según se comprometieron desde la comuna. Hemos asignado a dos empleados del club como serenos, y por orden de la jueza también tenemos guardia policial", señaló el presidente del Club Náutico, Jorge Torres..
El dirigente se lamentó porque "de todas maneras no podemos funcionar porque la comuna no sólo sancionó una ordenanza que prohíbe todo tipo de actividades náuticas en el predio y porque inició obras de zanjeo para enripiar justo el camino de ingreso al lugar, una obra que paradójicamente hacía años que veníamos reclamando".
Contrapunto. "El predio lo sigue concesionando la institución", aseguró el presidente del Club Náutico, quien explicó que "2013 fue un año bisagra porque los primeros seis meses el contrato de concesión estuvo vigente y los otros seis meses no. Pero el jefe comunal nos cobró sin embargo un canon por todo el año lo cual interpretamos virtualmente como una renovación. Además, no dio aviso de revocación, ni inició juicio de desalojo alguno, lo cual reafirma esta posición".
El asesor letrado de la comisión comunal, Ariel López, desmintió el argumento de Torres al afirmar que la institución "no es dueña del lugar y tiene la concesión revocada en 2012 porque no cumplió con el pliego en tiempo y forma ni con los cánones establecidos. Se la notificó y entonces (el club) presentó un recurso administrativo que fue denegado, por lo que la anulación quedó firme.
Todas estas no son especulaciones ni conjeturas: está registrado en el libro de actas de la comuna y en una audiencia con la jueza (López de Pereyra) le mostré todo", aseguró.
Más adelante el abogado explicó que "como el club tampoco devolvió el inmueble, hay un juicio de desalojo iniciado por la comuna en el Juzgado de Primera Instancia Circunscripción San Lorenzo, el cual se encuentra bajo el expediente 620/14. En el marco de este trámite, el predio fue restituido por los propios empleados comunales por una ordenanza, que es una ley". Sin embargo, "la jueza (López de Pereyra) anula lo actuado porque las personas que recuperaron el inmueble no son las adecuadas, a su entender".
"En derecho, no existe una explicación para esta sentencia, que ya está apelada. Este accionar irregular era de esperar y la pregunta clave es la siguiente: ¿Por qué se ordena restituir un predio sobre el que no se tiene ningún derecho?", concluyó el abogado.
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