Este pasado martes, la interventora de la delegación Rosario de la obra social de los jubilados (de la que depende San Lorenzo), volvió a ausentarse a una invitación deslizada por el Concejo Municipal para intercambiar información sobre la falta de prestación sanatorial en la ciudad.
Hace un par de semanas atrás, la funcionaria se excusó, horas antes, de no poder asistir. Lo mismo sucedió ahora.
Los ediles mostraron sus buenas intenciones por mediar en el conflicto que Pami mantiene con el Instituto Médico Regional y que derivó en que este último suspendiera sus prestaciones por falta de pago por los servicios prestados (hay un juicio abierto por el nosocomio en los Tribunales Federales).
De haber algún acuerdo, los jubilados recuperarían en la ciudad -y la región- los servicios de internación y cirugía.
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