En el día de ayer se realizó una conferencia de prensa para hacer pública la denuncia contra la empresa VH por estafa inmobiliaria. Uno de los damnificados, el periodista Rodrigo Villareal habló y relató su experiencia : “Yo entré a esta inversión después de un montón de reuniones por la marca REMAX; por la franquicia REMAX, donde parecía un fideicomiso al costo, presentado a todos los inversores como un gran desarrollo inmobiliario de la ciudad de Santa Fe. Nos habían prometido una empresa constructora de mucho peso en la ciudad, entramos por REMAX porque siempre pensamos que era un desarrollo de ellos, pero nos encontramos en un momento con VH (Vicente Hirr), estos dos arquitectos que tomaron las decisiones que tomaron de todos nuestros ahorros”.
Con respecto al accionar de la justicia hasta el momento, Villareal expresó: “No puedo entender como todo lo que parece fácil para cualquier persona que lee el expediente (hay treinta historias que se repiten) para la justicia no lo es. Esto es importante determinarlo, porque no es cualquier jugador, no es cualquier persona. La persona que está detrás de Federico Vicente y Rita Hirr, es Roberto Vicente (padre de Federico Vicente), quien fuera secretario de justicia de la provincia de Santa Fe, y presidente del Consejo de la Magistratura, quien decidía el futuro de los jueces. Estas cuestiones terminan explicando un poco el grado de influencia que puede haber tenido Roberto Vicente en la decisión judicial hasta ahora”.
“Yo creo en la justicia todavía, creo en que la cámara y el juez Gurnic, podrán leer todo el expediente como se debe y podrán citar a todos los inversionistas que han perjudicado moralmente, emocionalmente y económicamente. En mi caso, a tres años de hacer esta inversión, tengo que seguir alquilando. Estas son cuestiones que tiene que saber la ciudadanía, y no tienen que tener miedo de denunciarlo, porque así es como que parece que las distintas pajareras o emprendimientos que quedaron a mitad de camino son parte del paisaje pintoresco de Santa Fe. Justamente tipos como Federico Vicente, Rita Hirr y toda su familia, que son los que generaron directamente todas estas decisiones, perjudicándonos claramente a todos los inversionistas”. Aseguró Villareal.
Por su parte, el abogado Néstor Oroño, explicó bajo que modalidad se está juzgando la causa y cómo se habría llevado a cabo la misma y dio precisiones sobre la forma que supuestamente fue realizada la estafa inmobiliaria: “El hecho se atribuye bajo la modalidad de defraudación por administración fraudulenta. Esto se trata de un emprendimiento inmobiliario bajo la forma de fideicomiso en el cual alrededor de 30 personas confiaron sus inversiones a un administrador, sin que la inversión realizada por los aportantes tuviese el destino que hubiese correspondido. Los inversores aportaron una suma de más o menos 15 millones de pesos. En dólares no es fácil de mensurar porque esto es un desarrollo que comenzó a finales de 2010, principio de 2011. En dólares, si tomamos el valor de conversión del momento de los aportes, quizás estemos hablando de dos millones y medios. Debería ya tener como resultado casi la finalización de la obra y nos encontramos con que la obra tiene un grado de avance de alrededor del 30%, mientras que muchos de los inversores ya han aportado el 100% del precio comprometido. Y hoy por hoy las posibilidades de que esta obra pueda concretarse son casi nulas, porque entendemos que ha existido una administración irregular de los fondos aportados.
Sobre las explicaciones que ha brindado la empresa en cuestión frente a la justicia, el abogado aclaró: “En un primer momento, la empresa administradora contrató una ejecutora, una contratista de obra, y le efectuó un adelanto del precio, en ese momento dos millones trescientos mil pesos, en efectivo, sin exigir un recaudo esencial básico para este tipo de contrataciones, que es el seguro de caución. Esta empresa constructora inmediatamente se concursó y no ejecutó la obra. Este fue el principal argumento sostenido por los denunciados, y el que tomó la justicia para decir que no había existido dolo, intención defraudatoria por parte de los administradores. Sin embargo y nosotros insistimos en esto, después se retomó el aporte por parte de los inversores, se contrató una nueva empresa y sin embargo, la obra tampoco logró el estado de avance o de concreción que hubiese correspondido con los aportes efectuados. De ahí que nosotros sostenemos que más allá de esa primera cuestión, hay una secuencia de hechos que afirma lo que nosotros desde un principio estimamos que es una administración irregular, técnicamente una administración infiel en los términos del artículo 173 del código penal”.
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