
"A poco de su asesinato, el gobernador Bonfatti o su ministro de gobierno Galassi -no lo sabemos con precisión- habrían ordenado que los funcionarios políticos del ministerio de gobierno Echaniz y Degratti abrieran la computadora de Medina sin que mediara para ello orden judicial. Esto es un hecho muy grave, no sólo porque se corría riesgo de contaminar una prueba fundamental para las investigaciones de las vinculaciones de Medina con el narcotráfico, sino porque llama la atención el apuro con el que funcionarios del gobierno socialista actuaron para poder acceder a la información contenida en dicha computadora", describió el legislador.
"Este es uno de los temas que debe esclarecerse y se debe llegar hasta el hueso, porque se ubica en la ruta del narcotráfico y de la narcocriminalidad que ha crecido descomunalmente en Rosario. Medina no era una persona cualquiera, estaba sindicado y sospechado como uno de los jefes narcotraficantes de la ciudad y era dueño del boliche de la noche Esperanto, habilitado por el entonces intendente Miguel Lisfchitz, a fines del año 2011, a poco tiempo de finalizar su intendencia". Y continuó: "El tipo no era un perejil -remarcó Lacava- su computadora podía contener información de suma importancia para determinar vinculaciones con instituciones y personas y acciones de este personaje. Entonces ¿Cuál era el apuro del gobierno de Bonfatti en abrir esa computadora mediante la intervención de funcionarios políticos de su gobierno sin esperar la orden judicial y respetando el procedimiento prolijo y transparente que la ley exige en estos casos?; ¿quién dio la orden de abrir la computadora?; ¿cuáles son las razones por las cuales el gobierno persiste en la mentira de decir que tenían orden judicial para abrirla si la propia jueza actuante afirma que no la había emitido?", interrogó el diputado.
"Si el gobierno socialista no tiene nada que esconder, debería ponerse a disposición y colaborar para esclarecer rápidamente este hecho y despejar de ese modo las sospechas que naturalmente se levantan por el accionar irregular e ilegal en el que han incurrido. Los funcionarios políticos que abrieron la computadora de Luis Medina, tienen la obligación de declarar ante la Comisión Investigadora de Diputados que está trabajando en este tema, como también el funcionario de máxima jerarquía que dio la orden de abrirla" finalizó diciendo el diputado justicialista Mario Lacava.
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